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Caso Tamara: el Fiscal General pide anular el fallo que absolvió a Escalante

26/09/2018 Policiales

Cesar Sotelo, Fiscal General del Poder Judicial, dictaminó que el fallo que exonera al único imputado por el femicidio de la joven, es "arbitrario" y señaló que "no se juzgó en base a los principios de perspectiva de género". 

Luego de que el Tribunal Oral Penal N°1 de la Provincia, absolviera a Raúl Escalante, único imputado por el femicidio de Tamara, los padres de la joven con representación del abogado Hermindo González, reclamaron ante la Justicia la revisión del fallo que con voto dividido manifestó en su mayoría la insuficiencia probatoria respecto a la autoría de Escalante en la muerte la joven.

Finalmente, este martes, el Fiscal General César Sotelo, consideró fundado el reclamo y señaló la nulidad del fallo anterior. 

Para Sotelo, el Tribunal falló “sin brindar argumentos jurídicamente válidos y sin dar mayor detalle de por qué no enmarca al homicidio como ocurrido en un contexto de género, abundando pruebas para corroborar lo contrario”.

“De haberse analizado, con el criterio de amplitud probatoria que requería el caso, el cúmulo probatorio agregado” al expediente y que “el Tribunal omitió incluir como fundamentos de su sentencia absolutoria, no habría podido justificar la absolución del Sr. Raúl Alfredo Escalante”, remarcó el Fiscal General.

 

La sentencia absolutoria se indica que “no surgió en esta causa prueba alguna que fuera el imputado quien iniciara algún tipo de conexión y acercamiento a ella y no al revés, se probó que ella envió la solicitud que éste acepta y no está acompañado algún otro dato que arrime un indicio de cómo o por qué ella obtuvo su ‘contacto’ para enviarle dicha solicitud”; para Sotelo ello constituye un gravísimo error, ya que “quedó suficientemente probado que fue Escalante quien comenzó a llamar a la víctima, el Tribunal tuvo que haber puesto cuidado en el análisis de las pruebas objetivas, sobre todo en la cantidad de llamadas y la duración de las mismas, tomando en cuenta la cronología de las mismas, las que coinciden con lo relatado por los familiares de Tamara. Pareciera que el voto de la mayoría, como menciona el querellante, construyó un estereotipo de víctima, colocándola como parte de una relación por dinero, cuando debió atender a las pruebas obrantes en la causa y al contexto en el que se hallaba inmersa Tamara, en vez de estigmatizarla”.

El titular del Ministerio Público señala que el Tribunal tampoco tuvo en cuenta la clara situación de vulnerabilidad en la que se hallaba inmersa la víctima y que el acusado, si bien se hallaba ejerciendo su derecho de defensa, se encontraba en una situación superior a la de los acusadores, por ello, el contenido de sus dichos debió ser tomado con mucha precaución y no darlos por ciertos sin una prueba objetiva y contundente, nótese que Escalante declaró más de dos años después del hecho, el primer día de debate, cuando ya conocía el expediente y la teoría del caso de la querella y de la fiscalía, por eso Sotelo afirma “resulta claro para este Ministerio Público que el imputado brinda estratégicamente su coartada, intentando que su relato coincida con los elementos probatorios reunidos, aunque fracasa ante los indicios precisos y concordantes que obran en su contra y demuestran la existencia del hecho y la responsabilidad que le cupo en el mismo”.

Para el doctor Sotelo dicha sentencia absolutoria se fundó en una valoración “arbitraria de la prueba y en una interpretación errónea del artículo 16, inciso i, de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485) que implicaría, a su vez, el incumplimiento del deber de ‘actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer’ que impone al Estado nacional el artículo 7, inciso b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (‘Convención de Belém do Pará’) aprobada por ley 24.632”, pues el voto mayoritario “no sólo ha omitido brindar argumentos jurídicamente válidos en su decisión, sino que además no juzgó en base a los principios de perspectiva de género, no aplicó el principio de amplitud probatoria que debe primar en estos casos, máxime cuando contamos con una víctima fallecida, a quien nunca podremos escuchar dar la versión de lo sucedido, por lo que en casos como éste cobran especial relevancia los testimonios de sus familiares”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.juscorrientes.gov.ar

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