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Cuadernos de coimas: las firmas allanadas integran top ten de obra pública y contratos PPP

04/08/2018 Policiales

Los empresarios detenidos se negaron a declarar. Bonadío pidió autorización al Senado para allanar a Cristina Kirchner. El chofer aceptó colaborar y admitió haber escrito los cuadernos, pero los originales no aparecen. Quedan tres prófugos y se los acusa de pagar u$s35 M. 

"Todo raro". Con ese diagnóstico, dos hombres de negocios -que ruegan no recibir notificaciones para comparecer en tribunales- definieron el escándalo desatado el miércoles en la Justicia que tiene impacto en el denominado Círculo Rojo, y por primera vez atraviesa de forma transversal al empresariado ligado a la construcción en Argentina.

Sin otro camino, el chofer Oscar Centeno se acogió ayer al régimen del "arrepentido" y ratificó ante el fiscal Carlos Stornelli su autoría sobre los ocho cuadernos Gloria que describen las peripecias de una década de supuestos recorridos en busca de sobornos. Ninguno de ellos fue todavía hallado. Las detenciones se hicieron sobre la base de fotocopias de los originales.

El titular de ESUCO y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, se entregó a primera hora de la mañana en el juzgado de Claudio Bonadio. Se negó a declarar -lo mismo que los otros cinco empresarios apresados- y solicitó su excarcelación, algo que le será denegado. Pero la nómina de firmas involucradas en el circuito de coimas bajo sospecha que amenazó con destaparse excede la nómina de encarcelados e involucra a empresas en el top ten de contratos en la era Macri.

Los 51 allanamientos en busca de respaldo para la bitácora desaparecida abarcaron desde Techint hasta el Grupo Roggio, pasando por Supercemento y UCSA, varias de las vedettes del modelo PPP y el Plan Belgrano. El juez alista un nuevo pedido para que Cristina de Kirchner pierda sus fueros, pero envió un anticipo: solicitó autorización para allanar sus domicilios en Recoleta, Río Gallegos y El Calafate.

 

Anoche, Centeno estuvo a punto de ser excarcelado, luego de suscribir el acuerdo e iniciar el proceso para ser considerado "imputado colaborativo", lo que podrá brindarle un cambio de identidad y hasta la consideración para sus 13 hijos, una prolífica descendencia que era motivo de comentarios en tribunales. "Los cuadernos son míos, yo los escribí", sostuvo. Por la tarde, se allanó su casa en Olivos y otro domicilio en busca de documentación, mientras en la fiscalía se felicitaban por haber logrado "un gran acuerdo" a cambio del "aporte de información sustancial". Todo está por ser verificado. Hasta el momento, no hubo pericia caligráfica porque los originales no se encontraron, pero trabajo de inteligencia previo logró establecer que (el menos en 3 oportunidades) en la fecha descripta en los cuadernos hubo ingresos de Centeno a la Quinta de Olivos. Las cámaras de seguridad de varias empresas fueron requeridas para cruzarlas con las "minutas" que describía en cada recado y así dotar de veracidad a la cronología.

Las sospechas sobre una interna de servicios de inteligencia que derivó en la revelación por la copia de los documentos en cuestión colisionan con el tiempo que permaneció Centeno al servicio de Roberto Baratta, aunque el registro de su diario y los videos que se le atribuyen parecían originalmente destinados a ser vistos por otros ojos. ¿Estaba comisionado para certificar un sistema recaudatorio más allá de sus jefes formales? Es uno de los interrogantes que se suma a otros elementos incongruentes que deberán esperar al levantamiento del secreto de sumario para saber si la Justicia tiene los elementos suficientes para un avance contundente o todo podría derivar en una "gaffe" sin precedentes. Por lo pronto, se reemplazó la ausencia de cuadernos físicos con la admisión de su autoría por parte de Centeno, que deberá ratificar el contenido en los términos en los que aparecen escritos. El juez acusó a los empresarios por haber pagado u$s35 millones entre 2008 y 2015, incluidos algunos miembros de la Justicia en un "sinnúmero de oportunidades".

Fabián García, exdirector de Promoción de Energías Renovables, pidió ser eximido de prisión antes de entregarse y Hernán Gómez quedó detenido al entregarse al mediodía. No hubo novedades en las primeras indagatorias a los exfuncionarios, ni tampoco a los empresarios. Javier Sánchez Caballero de IECSA -emocionalmente afectado-, Gerardo Ferreyra y Jorge Neira (de Electroingeniería), Armando Losón de Grupo Albanesi y Carlos Mundin, de BTU SA declinaron declarar por el momento. La mayor parte de los nominados estaban más cerca de imaginarse en Punta del Este este verano que en la alcaidía de Comodoro Py. Fuentes judiciales indicaron que esto podría ser un aliciente por si alguno decide "quebrarse" y aportar elementos al circuito que se sospecha si se demora la producción de otras pruebas. Lo que no se hizo esperar fue el impacto financiero negativo de la movida judicial: las acciones de las empresas constructoras argentinas cayeron en la Bolsa local, pero también en su cotización en Nueva York.

Y es que este tramo del escándalo pega en la línea de flotación del Círculo Rojo: además de las detenciones, varios de los operativos ordenados por Bonadio fueron en oficinas de otras compañías como UCSA, del empresario sojero Manuel Santos Uribelarrea, quien además solo o en UTE está al frente en la actual lista de contratistas de obra pública por más de $8 mil millones. El Gasoducto del Noroeste en Chaco fue la principal obra que obtuvo en la era K. Ahora es uno de los destacados en los proyectos PPP. Las firmas Supercemento e Isolux Corsan -esta última con Juan Carlos Goycochea aún prófugo- completan el podio. De ese top cincuenta, Roggio, Techint y Esuco integran el pelotón de eternos contratistas, más allá de SACDE, como Marcelo Mindlin rebautizó a IECSA, que hasta el cambio de Gobierno era comandada por Ángelo Calcaterra. Antes de 2007, esa firma estaba ligada directamente a los Macri.

 

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